15 de junio de 2009

Inmigración ilegal: Es el momento del cambio.



La inmigración ilegal es un problema que estos últimos años se ha visto acrecentado en nuestro País. Los inmigrantes ilegales llegan a España atraídos por la calidad de vida que disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea, viendo en España la puerta de entrada a ese bienestar.
La lucha contra la inmigración ilegal ha llevado al gobierno de España a suscribir acuerdos de cooperación en esta materia con los países exportadores de inmigrantes ilegales, especialmente con aquellos del África. Esto esfuerzo diplomático ha supuesto también otro de tipo económico para sufragar los gastos de las repatriaciones.

En el año 2006 se planteó como solución a la inmigración ilegal el refuerzo de las fronteras de los países de procedencia de los inmigrantes dotando a sus cuerpos policiales de medios materiales para luchar contra las bandas que practican la inmigración ilegal. Paralelamente un contingente de guardias civiles y policías vigilan las costas de estos países africanos para detectar e interceptar las pateras que se dirigen a España cargadas de inmigrantes. Esta medida fue acogida favorablemente en la Unión que colaboró dotando de policías y medios materiales a la Operación denominada FRONTEX.

Ceuta y Melilla en los últimos años se han convertido en la puerta de salida de la inmigración africana hacia el país alauí, mucho más barato que las repatriaciones por avión, y que en 2007 supuso el 53% del total de los repatriados.

Aunque el grueso de la inmigración ilegal ha entrado por los principales aeropuertos de nuestro País como turistas procedentes de los países sudamericanos, es Canarias donde se ha producido la cara más amarga de la inmigración ilegal, personas “sin papeles” montadas en cayucos procedentes de países como Mauritania o Senegal que han pasado numerosos días en alta mar sin comer ni beber y sin saber si llegarían a buen puerto, abandonando su suerte a la orientación de las mareas.

Aquellos afortunados que llegaban a Canarias, otros se quedaban en el camino, eran trasladados e ingresados en los Centros de Internamiento de Extranjeros de las Islas. Debido al desbordamiento de inmigrantes que recibieron estos Centros se habilitaron otros de forma provisional en el que alojar a estos inmigrantes. Durante su estancia en estos campamentos las autoridades trabajaban por su repatriación hasta agotar el plazo que les permite la ley. Una vez cumplido el plazo máximo, si no se conseguía su repatriación, se les dejaba en libertad pasando a engrosar el número de inmigrantes ilegales que vagabundean por las ciudades españolas.
La especie humana se devora a sí misma. En eso nos diferenciamos poco de los animales, que aplican la ley del más fuerte y siguen su camino dejando morir al herido o al débil. Un largo camino hasta la civilización para acabar en esto.

Quizás no nos corresponda a una ONG de Policías realizar esta reflexión, pero es que debajo del uniforme hay seres humanos, personas que sienten aflicción por este crimen permanente contra la humanidad que es la miseria, la pobreza, el hambre y la muerte. Y a nosotros, los policías de países más desarrollados nos toca realizar la más ingrata labor, que, porque negarlo, en muchos casos se convierte en rutia desprovista del tratamiento humano que debería acompañar cualquier actuación sobre personas que llegan a nuestro país huyendo del hambre y la muerte.

Mención especial deben tener los menores de edad “sin papeles”, los que de acuerdo a nuestra legislación en extranjería deben ser acogidos por las Comunidades Autónomas, abriéndoles un expediente de protección hasta conseguir su repatriación. Hace pocos meses atrás hemos contemplado como algunas Comunidades Autónomas eran reacias a recibir menores procedentes de Canarias, ya que en este caso sí les tocaba se solidarias y colaborar en el problema social que existía y existe en España. Estas repatriaciones de menores han pasado a etiquetarse como reagrupación familiar. Esta nueva denominación, tan socialmente admitida en nuestros días, sigue persiguiendo el mismo fin, la expulsión de nuestro país de los menores “sin papeles”, algunos de ellos tras vivir varios años en España. Durante el tiempo que permanecen en nuestro País se les concede una educación y se les acoge en centros u pisos donde se intenta que lleven una vida normal, una vida mejor que en sus países de origen, una vida europea, pero privándoles de cualquier documentación que pueda acreditar su acogimiento por las instituciones. Los políticos responsables de ordenar las expulsiones de estos menores seguro que no se han parado a pensar un instante el perjuicio humano que se le produce al menor. Muchos de estos menores han vivido en sus países situaciones insostenibles de pobreza que les ha obligado, apoyados por sus familias, a emigrar a lo que en los países desarrollados llamamos primer mundo, sin embargo no parece serlo tanto en el aspecto humano.

En un futuro inmediato está prevista una reforma a la Ley de Extranjería, que anuncia como modificación estrella, el aumento del periodo de internamiento en los CIE´s de 40 días a 60. Esta medida argumentada por el Ministerio como solución para conseguir más expulsiones, no deja de sorprender cuando las repatriaciones están supeditadas a convenios u acuerdos suscritos entre el país de origen del inmigrante y España. Estamos seguros que esta medida no está suficientemente estudiada, ya que puede provocar una nueva saturación de los Centros de Internamiento al poder pasar más tiempo los extranjeros en los CIE´s sin que se consiga finalmente su expulsión.
Igualmente echamos en falta en esta Ley alguna referencia a la protección de los menores “sin papeles”, sino que sólo se marca las faltas y penas que acarreará para el ilegal estar en situación irregular de permanencia en España, o la entrada en la misma situación a nuestro País.

Desde la ONG Policía Solidaria creemos debería referenciarse en esta Ley o la normativa que la desarrolla, la entrega de cierta documentación identificativa a los menores acogidos por las Administraciones, que les permita identificarse ante la Policía cuando sean requeridos. Igualmente no parece muy propio acoger a los menores “sin papeles” durante años, que son trascendentales para su vida para terminar expulsándolos a su país de origen, interrumpiéndoles la formación y la vida que llevaban en España.

Tras la exposición anterior, sacamos las siguientes conclusiones:
  • Creemos que la reforma de esta Ley debe ser consensuada con todas las organizaciones e instituciones implicadas en la lucha contra la inmigración ilegal: ONGs que trabajan con los inmigrantes ilegales, servicios médicos, colegios de abogados y cuerpos policiales, todos ellos poseen conocimientos suficientes sobre la problemática existente y las repercusiones humanas que acarrea la aplicación de esta Ley. La administración debe empezar a consideradas a los inmigrantes “sin papeles” como personas, no como simples números que ensombrecen las estadísticas.
  • A pesar de los esfuerzos del Gobierno para parar la llegada de inmigrantes ilegales a nuestro país, sólo se ha conseguido atenuarla con la entrada de España en la crisis económica mundial.
  • El momento actual de crisis es el idóneo para evaluar lo acontecido en los años precedentes y desarrollar planes sociales dirigidos a frenar la inmigración ilegal en el mundo, planes que en primera instancia deben desarrollarse en el ámbito competencial de la Unión Europea, pero que su fin debe perseguir su aprobación por las Naciones Unidas, estando ante un problema mundial que afecta tanto a los países desarrollados como a los menos desarrollados que integran el mundo.


ONG Policía Solidaria.

(publicado en la revista NUBES de junio de Mensajeros de la Paz Madrid)


Publicar un comentario