4 de noviembre de 2009

Mas hipocresía que extranjería.



• ¿Qué soluciones de tipo social concede esta nueva Ley a los inmigrantes ilegales?
• ¿Será la Policía la encargada de resolver coercitivamente lo que la Ley no soluciona socialmente, como viene ocurriendo hasta ahora? Pronto lo veremos
.

Se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Extranjería, que antes de ver la luz deberá ser ratificada en el Senado. Estamos de acuerdo en que los flujos migratorios hay que controlarlos y garantizar que estos se hagan de forma legal. Para ello creemos que la única medida válida es el control de las fronteras exteriores y los acuerdos con los países de procedencia para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de los mismos que les aleje de la idea de emigrar a Europa, a un mundo que equivocadamente creen mejor. Sin contradecir todo lo expuesto anteriormente se deben conceder soluciones a los inmigrantes que se encuentra ya en España, y no dejarlos vagabundear por nuestras calles sin papel alguno que les permita regularizar su vida.

En la exposición de motivos del nuevo texto se redacta que España está comprometida con la defensa de los derechos humanos, debiendo los poderes públicos favorecer la plena integración de los inmigrantes en nuestro país y garantizar la convivencia y cohesión social. Esto trasladado a los menores sin papeles debería concederles las debidas garantías de una vida digna en España o en su país de origen una vez repatriados, en la que contaran con la atención necesaria que desarrolle su personalidad como ser humano, ¿o acaso no querríamos esos para nuestros hijos?, Todo lo demás es hipocresía.
Ampliación de 40 a 60 días de detención en los Centros de Internamiento de Extranjeros, periodo que difícilmente ampliará el número de extranjeros expulsados, ya que si en 40 días el Estado no es capaz de gestionar la expulsión de los inmigrantes, es poco creíble que en 60 sí. Cuando se deje en libertad a los sin papeles una vez cumplidos los 60 días de detención en el CIE por imposibilidad de expulsión, ¿qué órgano de la administración justificará esta extensión gratuita de privación de libertad del extranjero ilegal?, inmigrante ilegal cuyo único “delito” ha sido el no contar con la documentación necesaria para estar en España, una vulneración administrativa y no penal a nuestro ordenamiento jurídico.

Desde hace ya bastantes años, se está utilizando a un número no desdeñable de funcionarios policiales a patrullar nuestras calles a la caza del inmigrante ilegal”, abriéndoles el correspondiente expediente de expulsión que la Ley obliga. En la mayoría de los casos nunca llega a ejecutarse la orden de expulsión, siendo por tanto una pérdida de tiempo que podría ser aprovechada por la Policía para la prevención y persecución de delitos. Este extranjero una vez pase por el CIE o se le deje en libertad, de no poder ser expulsado (la mayoría de los casos), volverá a pasear por las calles hasta que otra patrulla policial lo identifique y le vuelva a incoar un nuevo expediente. Otra privación de libertad ambulatoria del inmigrante ilegal de forma gratuita y que la Ley le obliga a realizar a la Policía, otro esfuerzo inútil para expulsar a dicha persona. Círculo vicioso que volverá a empezar una y otra vez debido a la Ley de Extranjería que tenemos. La nueva Ley no parece solucionar este gran problema.

Derecho y deber de los menores de 16 años a acceder a la educación obligatoria, dejando a los niños de educación infantil al margen. El texto que regulará la nueva Ley cita a menores inmigrantes, sin especificar su situación regular o irregular. Actualmente un niño sin papeles es obligado a cursar la educación obligatoria, pero como su nivel es tan bajo, son orientados a realizar cursos de formación profesional abandonando la ESO. Cuando estos llegan a la mayoría de edad encontrándose en España de forma irregular, después de haber vivido en nuestro País durante varios años y no ejecutarse su repatriación, será abandonado a su suerte en las calles sin papeles, sin estudios mínimos para ser contratado, quedándoles como única salida la mendicidad o la delincuencia. Este país está creando futuros delincuentes potenciales e indigentes.

El nuevo texto recoge la posibilidad de que los menores ilegales no acompañados puedan ser tutelados por ONGs. Desde el punto de vista de la ONG Policía Solidaria es la mayor barbaridad que se podía plantear. Se eximen de responsabilidad alguna a las distintas administraciones respecto del ejercicio de la tutela, cediéndosela íntegramente a las Organizaciones No Gubernamentales.

El incremento de las facultades en materia de extranjería que el nuevo texto les dará a las CCAA abre una vía de descentralización, que dependiendo en que CCAA esté el menor o la ONG que se ocupe de su tutela; podrá ser expulsado o no, renovada su residencia o no, tramitado un permiso de trabajo o no, concederle el acceso a la educación post-obligatoria o no. Esto provocará desigualdades irreversibles e incomprensibles en los menores sin papeles, provocando migraciones de los mismos dentro de nuestro país dependiendo de lo restrictiva o no que sea la política en esta materia por cada CCAA.

Otro punto destacable de la nueva Ley será la posibilidad de que las CCAA podrán de llegar a acuerdos con los países de procedencia de los inmigrantes, hecho que puede considerarse de discutible legalidad, al ser competencia del Estado las relaciones con otros países a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Lo que es una realidad social en España y que dudamos que esta nueva Ley resuelva, es la situación en la que se encuentran los menores ilegales una vez que llegan a la mayoría de edad, que indocumentados son expulsados de los centros de acogida, abandonados a su suerte y a la delincuencia o mendicidad como forma de subsistencia. Cabe recordar que el texto en vigor ya obliga a documentar a los menores si a los nueve meses no son repatriados a sus países, hecho que no se produce debido a la particular interpretación que la administración hace de la Ley actual, y que tal como ha salido el nuevo texto del Congreso, concederá a las CCAA la facultad de conceder o no la residencia temporal al menor tutelado.

En definitiva, el nuevo texto se aleja de la integración. Iremos viendo lo que suceda pero a priori, si no se cambia la actitud por parte de los poderes públicos será un fracaso de Ley, como lo ha sido la que todavía está en vigor.

ONG Policía Solidaria.-
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