10 de septiembre de 2010

Reunión con el Subdelegado del Gobierno en Madrid

En el día de ayer Policía Solidaria, junto con Mensajeros de la Paz Madrid, la Fundación Barclays y una abogada colaboradora habitual de Mensajeros, nos reunimos con el Subdelegado del Gobierno en Madrid para trasladarle la preocupación que mostramos ante los retrasos en la resolución de los expedientes de regularización de menores extranjeros tutelados en España, la inmensa mayoría tutelados por las comunidades autónomas.

En cumplimiento de la nueva Ley de Extranjería los menores tutelados en España, una vez descartada la repatriación inmediata a sus países de origen por no reunir las garantías necesarias de tutela y acogimiento por parte de sus familias o países de procedencias, se les debe suministrar un permiso de residencia temporal antes de cumplir los nueve meses desde el inicio de la tutela. Esto no es impedimento para que en el futuro pudiera ser repatriado el menor si se diesen las garantías necesarias a favor del bien protegido del menor.

Este permiso de residencia temporal facilitaría mucho las actuaciones policiales de identificación de los menores en la vía pública. Creemos que redundaría en beneficio de la rápida actuación policial y también hacia el menor identificado, al no tener que ser traslado al GRUME (Grupo de Menores del Cuerpo Nacional de Policía) para su identificación.

Otra de las preocupaciones que mostramos como ONG policial  es la situación en la que se encuentran aquellos menores tutelados, que llegada la mayoría de edad cesa su tutela institucional, quedando al amparo de la mendicidad y, porque no decirlo, una más que posible delincuencia para cubrir sus necesidades básicas, como es el comer. Ayer expusimos al Subdelegado del Gobierno la inexistencia de un órgano público que cubra este tipo de "desamparo". 

Mensajeros de la Paz Madrid en este sentido va por delante de la Administración, y ya está prestando cobijo a algunas de estas personas contando para ello con el apoyo de la Fundación Barclays, quien sufraga parte de los gastos que origina el proyecto humanitario de acogida.





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